Por fin el Poder Judicial parece haberse dado cuenta de que la gestión administrativa de los tribunales de familia es uno de los factores que explican su colapso. Nadie desconoce los problemas de diseño legal e implementación que afectaron y afectan hasta hoy su funcionamiento, pero una mirada acerca de "cómo" se organiza y se administra el trabajo de un tribunal estaba completamente ausente del diagnóstico judicial.
El ministro Héctor Carreño ha dado en el clavo cuando resalta la necesidad de aunar criterios y procedimientos, tanto en la tramitación de las causas como en el manejo interno de los tribunales, así como la necesidad de capacitar a los jueces de familia para estandarizar la acción de estos tribunales. En la actualidad, es posible encontrar tantos procedimientos como tribunales (incluso tantos como salas de un mismo tribunal), lo que genera incertidumbre entre los operadores del sistema y, en casos extremos, puede llevar a la indefensión de las personas.
Es de esperar que este ejercicio de autoevaluación judicial se mantenga y que la Corte Suprema acoja las propuestas del ministro Carreño que, sin duda, beneficiarán a los usuarios del sistema, entre los cuales, no podemos olvidar, hay niños, niñas y adolescentes.
Publicada en El Mercurio, por Macarena Vargas Pavez.
