Se ha desatado una polémica en torno al número de abogados, su calidad y las posibles medidas para elevarla. Algunos han propuesto como solución la creación de un examen único que mida los conocimientos que debiera tener todo abogado al egresar para asegurar "un mínimo de calidad". Si bien aumentar la calidad es una aspiración positiva, conviene analizar en profundidad los instrumentos que se utilizarían pues, al final, pueden causar más costos que beneficios. Previo a ello debe darse una mirada más profunda a la extendida idea que afirma que en Chile hay muchos abogados. Si comparamos el número de abogados per cápita, nuestro país no está ni cerca de los primeros lugares. Mientras Chile tiene 13,3 abogados cada 10 mil habitantes, Argentina tiene 35,3; Brasil, 28,1 (CEJA), y el Estado de Nueva York, 20,4. Se ha argumentado también que lo verdaderamente preocupante es la baja posibilidad de encontrar empleo que tendrían los futuros abogados. Este es otro argumento cuestionable. Según información del Mineduc en el portal futurolaboral.cl, el índice de empleabilidad de los abogados después de dos años de titulados es de 92%, cifra que aumenta a 96% después de cuatro años. Tampoco es éste un mercado saturado, según estudios de trabajando.com. En conclusión, estas cifras nos muestran un mercado similar al que existe en otras profesiones en Chile y en el mundo.
Un tema distinto es la calidad de los egresados de derecho. Lo primero que debe recordarse es que las diferencias en la calidad son naturales en un sistema que ha crecido considerablemente en cobertura en la última década. Los intereses, necesidades y requerimientos de los postulantes son distintos y, por ello, algunas facultades se centrarán en determinados aspectos en las que otras no pondrán mayor atención por la composición de su alumnado. Al mismo tiempo, la discusión en torno a la calidad se suele realizar sobre el supuesto de que hay una definición única de ésta. Y es eso lo que ha pasado ahora, pues la calidad se ha vinculado exclusivamente con ciertos conocimientos específicos -aún no definidos explícitamente- y no, en cambio, con otros tal vez menos tradicionales, o con habilidades como la capacidad de argumentación oral o escrita.
En este contexto, el examen único nacional que algunos han promovido genera dudas. La primera es por qué sería éste un mejor mecanismo para medir la calidad que la decisión libre de quienes requieren de sus servicios. Actualmente, el empleador o los futuros clientes toman su decisión teniendo en consideración una serie de elementos y juzgan la calidad del abogado en conformidad con éstos. Un examen nacional, si bien puede generar información, también puede generar inconvenientes. Ante todo, su existencia podría promover la homogeneidad de los contenidos y de las mallas curriculares en las diversas casas de estudio. Además, no es inocuo quién será el responsable de hacer la evaluación. Todos los candidatos -el Estado, la Corte Suprema, alguno de los colegios de abogados o las universidades- tienen interés en el asunto y diversos incentivos que podrían llevar a disminuir la competencia o controlar los contenidos de la carrera. Finalmente, no debe menospreciarse el daño que podría causarse a futuras generaciones de abogados si se opta por un instrumento incorrecto, ya sea porque mide contenidos inadecuados o excesivos en nombre de una calidad que probablemente no se alcanzará por esa vía.
En el debate se ha citado como ejemplo a seguir el examen médico nacional. Aun cuando no conocemos estudios que permitan demostrar que la calidad ha aumentado, lo cierto es que la dinámica política y corporativa incentiva que esos exámenes voluntarios degeneren en obligatorios. De hecho, en el caso de la medicina, hace algunos meses se publicó la ley que hace obligatorio aprobar esta evaluación para los médicos que acceden a ciertos cargos en la administración pública. ¿Queremos que ocurra lo mismo en el área del derecho?
En definitiva, si la preocupación real es la calidad, existen otros instrumentos más adecuados para promoverla. El sistema de acreditación de carreras está iniciando su existencia, y parece ser una buena opción. Otro igualmente importante es entregar información y fortalecer la capacidad de elección para que quienes eligen universidad o contratan a un abogado consideren todos los elementos disponibles que permitan una decisión informada.
Publicado en El Mercurio, por Sebastián Soto; Jorge Jaraquemada; y Rodrigo Yañez.
